SALARIOS MUNICIPALES
En
el presupuesto 2019 del Ayuntamiento de Cangas del Narcea figura, entre las
partidas de gastos, una, denominada “Capítulo 1 – Gastos Personal”, por importe
de nada menos que 4.119.089,74 euros.
Para
los que todavía pensamos en pesetas, estamos hablando de la friolera de 685.358.865,58
pesetas en gastos de personal (si, han leído bien, casi setecientos millones de
las antiguas pesetas).
¿Como
un municipio de apenas 12.000 habitantes puede tener semejantes gastos de personal?
¿Nos estaremos volviendo locos?
Pues
no, el problema es que este Ayuntamiento, según consta publicado en el BOPA del
día 27 de noviembre de 2019, tiene actualmente una plantilla de 169 empleados,
entre funcionarios (65) y laborales (104), lo que en mi opinión es desmesurado,
mírese por donde se mire.
En
España los empleados públicos se clasifican en grupos: en el A1, que es el más
alto, están los universitarios de grado superior (abogados, arquitectos,
ingenieros …), luego, en el A2, los universitarios de grado medio (graduados
sociales, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos …) y así sucesivamente.
Pues
bien, para darse una idea de este desbarajuste municipal hay que tener en
cuenta que en la plantilla de este Ayuntamiento hay 9 empleados del grupo A1 y
16 empleados del grupo A2, es decir, un total de 25 personas que ocupan puestos
estando en posesión de títulos universitarios. Todo un lujo para Cangas, no
cabe duda, aunque un poco caro, porque los sueldos van en función de los grupos
en que cada empleado está clasificado, de suerte que, cuanto más alto sea el
grupo, más elevado será el salario.
Pero
por si lo anterior no fuera suficiente, si emplear 4.119.089,74 euros al año en
gastos de personal no fuera una sangría desmedida para un municipio como este, resulta
que, para mayor escarnio de las arcas municipales, en el BOPA del día 6 de
agosto de 2019 figuran publicados los sueldos del Alcalde y de los tres concejales
que forman el equipo de gobierno municipal, un total de cuatro liberados a razón
de 36.500,00 euros brutos por barba, seguros sociales aparte (entre pitos y flautas
estamos hablando de otros 200.000 euros al año), salario éste que, por cierto,
supera ampliamente y con creces la media del que perciben los empleados municipales,
lo que no deja de ser una indecencia teniendo en cuenta, además, que los políticos,
como suele decirse coloquialmente, no tienen ni horario ni calendario como es
fácilmente constatable a diario por cualquiera.
En
tales circunstancias me parece una verdadera inmoralidad lo que han hecho los regidores
municipales con el dinero de todos los cangueses y con el único y exclusivo fin
de mantenerse en el poder local: comprar el voto de los dos concejales de IU y,
claro, los dos del PSOE, a los que les ha tocado ésta especie de lotería, no iban
a cobrar menos que aquellos. Hasta ahí podíamos llegar !!!
Esto
es insostenible e impide, vaya si impide, que este concejo pueda avanzar.
Porque si estos gastos son hoy inasumibles (los empleados municipales ya están cobrando
con retraso), cada día lo serán más.
P.D.
Dado que estamos en los tiempos de la trasparencia, ¿sería muy complicado que
la página web del Ayuntamiento de Cangas contuviera un directorio de todos y
cada uno de los empleados municipales, con expresión de su nombre y apellidos,
su tipo de relación (funcionarial, laboral, etc.), su antigüedad en la casa, su
sistema de acceso a la función pública (oposición, concurso, entrevista, etc.),
su dedicación efectiva, su titulación académica y formación profesional y,
ahora viene lo bueno, sus retribuciones anuales por todos los conceptos (sueldos,
complementos, dietas, etc.)?. Quizá así comenzaríamos a comprender muchas cosas
de este Ayuntamiento y estoy seguro de que también veríamos disfunciones y
desequilibrios alarmantes; y casi me aventuro a pronosticar que con ésta
información descubriríamos no solo una nefasta gestión de lo público sino hasta
un mundo al revés.
La transparencia en política es una, de las muchas, asignaturas pendientes.
ResponderEliminarY eso que hay una ley estatal, y muchas leyes autonómicas, que obligan a la transparencia.
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