LOS FONDOS MINEROS
El dinero que llovió en Asturias gracias al
Plan del Carbón (4.484 millones de euros) fue una millonada, gestionada por los gobiernos central y autonómico, y los propios sindicatos mineros, que tendría que
haber servido para la reindustrialización de las comarcas mineras y la
sustitución del carbón por otras actividades productivas.
Sin embargo, nada de ello se produjo. Las
inversiones se dedicaron a alimentar la corrupción con infraestructuras y
servicios en gran parte perfectamente prescindibles y, lo que es peor, hoy económicamente
insostenibles en su mayoría.
Ahora,
en un demoledor informe del Tribunal de Cuentas, se concluye que las
subvenciones asignadas al carbón para el periodo 2006/2017 se gestionaron de
forma irregular, sin control interno y de forma ineficiente.
Este informe del Tribunal de Cuentas no deja lugar a dudas y refleja con
una contundencia inusual el descontrol en las ayudas a la minería del carbón. En total, 1.786 millones de euros que se han movido
de forma “ineficiente”, “irregular”, “discrecional” o, incluso, de forma opaca.
En todos los casos, al margen de las mínimas normas de contabilidad
pública. De esa cantidad, 1.105 millones de euros fueron destinados a
infraestructuras y 681 millones a proyectos empresariales “sin que se
elaboraran estudios, análisis o memorias que facilitasen información sobre el
impacto de los fondos aplicados”.
El Tribunal de Cuentas
se refiere al Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras, que era el encargado de gestionar los fondos públicos pese
a que carecía de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar tantos
cientos de millones de euros.
El Tribunal de Cuentas
pone como ejemplo la inexistencia de exámenes de viabilidad de las actuaciones
a financiar, pero es que tampoco se fiscalizó si en la selección de las transferencias se tuvieron en
cuenta ayudas previas en la ejecución de la misma infraestructura. Es decir, si
se cobraba dos veces o más por el mismo proyecto. Igualmente, tampoco se
concretó la documentación técnica a aportar en relación con cada proyecto.
Entre las múltiples deficiencias se
destaca el excesivo grado de discrecionalidad en la política de subvenciones,
lo que unido al hecho de que el instituto para la reestructuración de la
minería renunciara a las labores de comprobación e inspección, alimentó ese descontrol.
Y entre las
irregularidades se encuentra la existencia de obras subvencionadas que se
ejecutaron sobre terrenos de los que el ayuntamiento beneficiario “no era propietario”, lo que incumplía uno de los
requisitos para obtener la subvención. Y se pone como ejemplo un caso en el que
se descubrió la adquisición, financiada con cargo a las subvenciones de
infraestructuras, por un ayuntamiento de un inmueble a una institución sin fin
de lucro ajena al sector público. Esta operación, según el Tribunal de Cuentas,
supuso un triple incumplimiento de la contabilidad pública.
Por todo ello, el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel
Ripa, ha puesto el grito en el cielo y anunciado que exigirán responsabilidades políticas ante la Fiscalía. Y yo me pregunto: esto es un chiste?, porque no hace falta ser ningún jurista para percatarse de que los fiscales solo están para depurar responsabilidades
penales. Al menos hasta ahora.
Esto, en un “librín” que tengo yo en el despacho, se denomina delito
de malversación y está castigado con penas de prisión. Pero no pasa nada, absolutamente
nada, porque para eso somos todos de “izquierdas” y, además, bien sabido es que entre bomberos no se pisan las mangueras.
Sin duda alguna, a no mucho tardar, se empezará a hablar de la deuda histórica de Asturias con el resto de la nación. Más allá de lo que diga el librin de tu despacho (Código Penal), el verdadero problema es la pérdida de una oportunidad única de desarrollo que me temo no volveremos a tener. Desaprovechar esa oportunidad desgraciadamente no está tipificada en el librin
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