EL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, es un órgano reconocido en la Constitución que tiene dos funciones básicas:

· la de fiscalización, de carácter externo, permanente y consuntivo, que se concreta en el conjunto de actuaciones tendentes a comprobar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía; y

· la de enjuiciamiento contable, de naturaleza jurisdiccional, consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en el ámbito de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos.

Pues bien, en el caso del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, sin perjuicio de su función de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha tenido que ejercitar también su función de enjuiciamiento.

Me explico, durante el gobierno de Zapatero se pusieron en marcha un conjunto de medidas de política económica cuyo objetivo fue el de impulsar la actividad económica del país, movilizando grandes cantidades de dinero público (se dice que más de 8.000 millones de euros), para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global.

Con cargo a dichos fondos públicos, los regidores locales en la época del “cuatrienio negro” (2007-2011) sufragaron una serie de obras entre las que se encuentran las de depuración, saneamiento y pavimentación del pueblo de Fondos de Villa, de saneamiento y pavimentación del pueblo de Villar de Naviego, de acondicionamiento y mejora de camino entre los pueblos de Besullo y Pumar de las Montañas, de mejora dela red de distribución del pueblo de Las Cuadriellas de Villaláez y de nuevo depósito regulador del núcleo de Besullo.

Tras la llegada del nuevo Alcalde (2011-2015), algunos vecinos de los pueblos en los que se ejecutaron las obras en cuestión acudieron al Ayuntamiento para expresar sus quejas por el resultado de las mismas, ordenándose entonces a varios técnicos municipales que comprobaran in situ la situación, lo que motivó una serie de inspecciones -verdaderas auditorías de las obras públicas- a resultas de la cuales los técnicos emitieron los correspondientes informes poniendo de relieve que otros dos técnicos del Ayuntamiento habían certificado en su día la realización de obras sin ejecutar, lo que supuso un derroche de dinero público próximo a los 600.000,00 euros o, más exactamente, se había dispuesto de semejante cantidad sin más justificación que unas certificaciones de obra que luego se demostró que no se ajustaban a la realidad.

Así las cosas, el nuevo Alcalde puso los hechos en conocimiento:

· del Tribunal de Cuentas, cuya sección de fiscalización ha dictado hasta la fecha:

o  la Sentencia de fecha 27 de mayo de 2015 que, en relación con las citadas obras de Villar de Naviego, condenó al alcalde Martínez (IU) a reintegrar al Ayuntamiento de Cangas la suma de 24.758,03 euros;

o  la Sentencia de fecha 23 de julio de 2015 que, en relación con las citadas obras de Las Escolinas, condenó al alcalde Martínez (IU) a reintegrar al Ayuntamiento de Cangas la suma de 12.864,62 euros; y

o  la Sentencia de fecha 9 de marzo de 2016 que, en relación con las citadas obras de Las Cuadriellas de Villaláez, condenó al alcalde Martínez (IU) a reintegrar al Ayuntamiento de Cangas la suma de 9.007,92 euros.

· y de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, que terminó querellándose contra el alcalde de la época, dos técnicos municipales y los responsables de todas las empresas que ejecutaron dichas obras, por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial y mercantil (al alcalde y a los técnicos municipales la fiscalía les pide penas de nada menos que 8 años de prisión), cuyo juicio se celebrará el próximo mes de mayo en la Audiencia Provincial de Oviedo.

Ante la inexplicable lenidad del PSOE en un tema de ésta magnitud política, justo es reconocer al alcalde Fontaniella (PP), y a su equipo de gobierno, el mérito en todo este asunto.

Es la primera vez que en Cangas del Narcea se procede a auditar la obra pública, práctica que tendría que ser siempre obligatoria en todas las administraciones para evitar la dilapidación del dinero de todos los ciudadanos, de cuyos polvos, entre otros, tenemos ahora este lodazal de país.